Investigador FADYCS UAT efectúa una propuesta de evaluación de políticas culturales para el desarrollo de la producción cinematográfica en el sur de Tamaulipas

Las políticas culturales forman parte y son expresión de un cúmulo de acciones y prácticas sociales que los gobiernos establecen para preservar el patrimonio cultural y fomentar las artes, a través de las instituciones y organismos encargados para ello. En la práctica, las políticas culturales incluyen tres dimensiones: la administración del presupuesto público, promoción de actividades y el establecimiento de medidas de apoyo y fomento, argumenta en su estudio el Dr. César Bárcenas Curtis, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas en su investigación.

En este contexto, invita al lector a comprender el contexto de las políticas culturales que se han ejercido en México durante los últimos 25 años, destacando momentos históricos y situaciones que propiciaron su desarrollo mediante la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994, el inicio de las funciones de la Secretaría de Cultura en el 2015, así como su trabajo realizado en el reglamento de la ley de cultura y derechos culturales, además de diversas líneas de acción generadas, como el mapa de ruta para las industrias creativas digitales.

Asimismo, el investigador cita en su estudio que en el caso particular de las políticas cinematográficas en México, la Ley Federal de Cinematografía de 1992 es un referente necesario para el análisis histórico y explica que con base en las reformas y adiciones a esta ley se constituyó el Fondo de Inversión y Estímulos al Cine, cuyo fideicomiso es aportado por el gobierno y el sector empresarial.

En este sentido, presenta una controversia enfatizando que se ha promovido e incentivado la producción de películas mexicanas mediante este fondo, pero se han limitado las posibilidades de exhibición de las mismas, a partir de diversos factores como las propias restricciones del tiempo en pantalla establecidas en la ley. Además, propone el actual gobierno en su Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 que la Secretaría de Cultura se ocupe de la difusión de la diversidad cultural en México y de que no se monopolice la actividad cultural.

En este sentido, el investigador realiza el planteamiento de una propuesta de evaluación de las industrias culturales y creativas a partir de un índice de potencialidad, el cual tiene posibilidades de ser una guía de ruta para identificar las opciones y limitaciones en la región para establecer políticas claras y precisas para el desarrollo cultural, además de incentivar la producción cinematográfica desde la perspectiva local. A su vez, el estudio aborda el contexto socioeconómico de Tamaulipas, políticas culturales a evaluación (de las industrias culturales a las industrias creativas) y políticas culturales a evaluación (índice de potencialidad de las industrias culturales y creativas en el sur de Tamaulipas).

Por último, concluye que existe un mercado potencial que puede generarse mediante la inversión del sector público y privado, en materia de producción cinematográfica y audiovisual. Asimismo, propone que en el sur de Tamaulipas, es posible implementar mecanismos de seguimiento y evaluación de las inversiones en este sector, a través de instrumentos como el índice de potencialidad expuesto con la posibilidad de focalizar las políticas públicas de cultura y cinematográficas para un desarrollo regional y local, incluyente en México.

Si usted desea leer el artículo científico original acceda a http://www.fadycs.uat.edu.mx/p_barcenas_curtis.html, donde encontrará publicaciones científicas de los profesores investigadores de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.